Esta contribución resume la comunicación galardonada con el Premio al mejor artículo presentado en las Jornadas AES 2025 por un investigador joven en el campo de la Economía de la Salud (Madrid, 18-20 de junio de 2025).
El envejecimiento de la población está transformando demográficamente nuestra sociedad y plantea preguntas urgentes sobre cómo diseñar sistemas de cuidados que respondan a las necesidades de una población mayor cada vez más numerosa. En España, las proyecciones para 2050 afirman que el 30% de la población tendrá más de 65 años (frente al 20% actual) y la proporción de mayores de 80 años casi se duplicará. Este escenario coloca a los sistemas de cuidados de larga duración (CLD) en el centro del debate político y presupuestario.
El acceso a estos cuidados en España está regulado por la Ley de Dependencia de 2006, que establece un sistema universal de prestaciones para CLD basado en las necesidades de los beneficiarios. Sin embargo, la evaluación de sus efectos sobre la salud sigue siendo escasa. En Cataluña, el esfuerzo sostenido del Departament de Drets Socials i Inclusió por abrir sus datos a la investigación ha permitido avanzar en esta dirección.
¿Qué sabemos sobre los efectos de los cuidados de larga duración?
La literatura apunta a que las prestaciones para CLD tienen efectos positivos más allá del apoyo en la realización de actividades de la vida diaria. Estudios previos para Cataluña y España documentaron que las prestaciones de dependencia reducen el uso de recursos sanitarios, incluyendo una disminución notable de las hospitalizaciones evitables. En cuanto a la mortalidad, un trabajo anterior para el período 2008-2014 ya sugería que el acceso a prestaciones podía contribuir a reducir la mortalidad entre los beneficiarios. Sin embargo, desde la plena implementación de la Ley de Dependencia en julio de 2015, no se había realizado ningún análisis de este tipo con datos administrativos. Este estudio viene a llenar ese vacío para Cataluña con los datos más recientes y completos disponibles hasta la fecha.
Datos y metodología
El estudio, fruto del programa de doctorado industrial de la Generalitat de Catalunya (que vincula el CRES-UPF y el Tecnocampus con el Departament de Drets Socials i Inclusió), analizó datos administrativos de más de 320.000 personas con dependencia en Cataluña entre julio de 2015 y diciembre de 2024. Todas tenían 50 años o más, habían sido valoradas según el baremo oficial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y quedaban clasificadas en uno de los tres grados de dependencia reconocidos (Grados I -dependencia moderada-, II -severa- y III -gran dependencia-). El tipo de prestación para CLD recibida se clasificó en cuatro grupos, en función de donde se recibieran los cuidados: atención domiciliaria, atención residencial, una trayectoria mixta (quienes inician con atención domiciliaria y transitan posteriormente a un centro residencial) y quienes, pese a tener necesidades reconocidas, no reciben ninguna prestación.
Para estimar la asociación entre tipo de prestación y mortalidad, se aplicaron técnicas de análisis de supervivencia (curvas de Kaplan-Meier y modelos de riesgos proporcionales de Cox) que permitieron comparar la probabilidad de supervivencia entre grupos controlando por características demográficas, clínicas y territoriales disponibles en el registro administrativo. Los modelos se estimaron tanto para la muestra completa como para grupos estratificados por submuestras según el grado inicial de dependencia.
Resultados
El resultado es claro: recibir cualquier tipo de prestación para CLD se asoció con un riesgo de mortalidad significativamente menor que no recibir ninguna. Como se puede observar en la Figura 1, las personas con dependencia que no llegaron a recibir ninguna prestación (ya sea por listas de espera, renuncias o demoras administrativas) presentaron los peores resultados de supervivencia en todos los grados. Esta diferencia fue especialmente pronunciada entre quienes tienen Grado III, donde la mortalidad basal era más elevada, y los retrasos en la atención pueden resultar especialmente costosos.
Al desagregar por tipo de prestación, la trayectoria con mejores resultados de supervivencia fue la de quienes comenzaron con atención domiciliaria y, a medida que sus necesidades aumentaron, transitaron a un centro residencial. Este grupo presentó los coeficientes de riesgo más favorables en todos los modelos (incluidos los estratificados por grado de dependencia), tal como se muestra en la Tabla 1, lo que sugiere que la continuidad y adaptabilidad del cuidado ofrecen ventajas claras en términos de supervivencia. La interpretación más plausible es que esta trayectoria refleja un ajuste más preciso entre necesidades y tipo de recurso: el domicilio estabiliza en las primeras etapas y la residencia responde cuando la situación se agrava.
Figura 1. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier en función del tipo de prestación recibida.
Nota: resultados para toda la población (arriba-izquierda), para la población con Grado I de dependencia (arriba-derecha), Grado II (abajo-izquierda) y Grado III (abajo-derecha).
En ausencia de esta transición, la atención domiciliaria se asoció con mayor supervivencia que la atención residencial. Esta diferencia se puede deber en parte a que las personas que ingresan directamente en residencias suelen presentar limitaciones y problemas de salud más severos, aunque el efecto se mantuvo tras controlar por las variables clínicas disponibles. En cuanto al perfil individual, el riesgo de mortalidad fue mayor entre los hombres, aumentó con la edad y era significativamente más elevado en personas con antecedentes de enfermedades hematológicas, neoplásicas o respiratorias.
Tabla 1. Modelo de supervivencia de Cox (principales coeficientes) para toda la población y las subpoblaciones en función del primer grado de dependencia recibido.
Nota: HR=Hazard Ratio (riesgo de mortalidad).
A pesar de la riqueza de los datos, estos hallazgos deben leerse con cautela. La asignación de prestaciones no es aleatoria, lo que impide atribuir causalidad. Además, la mortalidad es un indicador relevante pero incompleto: no captura la calidad de vida ni el bienestar de los beneficiarios, dimensiones que deberían cobrar más relevancia en el marco de evaluación de los sistemas de CLD.
Implicaciones
Los resultados tienen varias implicaciones directas para el diseño de políticas de atención a la dependencia. En primer lugar, reducir los retrasos en la asignación de prestaciones es prioritario: los datos muestran que las personas elegibles que permanecen sin atención enfrentan una mortalidad sustancialmente mayor. Abordar los cuellos de botella administrativos y las limitaciones de recursos es esencial para garantizar que el cuidado llegue a tiempo y de forma equitativa.
En segundo lugar, los resultados apoyan el enfoque de desinstitucionalización (favorecer la permanencia en el domicilio el mayor tiempo posible) que impulsa actualmente el Gobierno de España, remarcando un matiz importante: la desinstitucionalización no debería interpretarse como evitar la residencia a toda costa, sino como asegurar su uso en el momento adecuado. Esto es, cuando la persona ya no puede realizar las actividades básicas de forma segura, cuando se producen hospitalizaciones repetidas, o cuando la carga del cuidador informal se vuelve insostenible. Finalmente, los hallazgos subrayan la importancia de sistemas de información de calidad que permitan evaluar las políticas sociales.
Este artículo aporta evidencia sistemática y actualizada sobre un sistema que, tras casi dos décadas en funcionamiento, aún conoce poco de su propio impacto. Garantizar una cobertura efectiva, reducir las brechas en la provisión y construir trayectorias de cuidado flexibles y adaptativas son, según los datos, palancas clave para mejorar los resultados en nuestra población.
