Salario mínimo y salud: lecciones de España

En distintos tipos de economías, tanto avanzadas como emergentes, se han adoptado múltiples esquemas de salario mínimo con miras a elevar los estándares de vida y proteger el bienestar de los trabajadores en situación de vulnerabilidad. A pesar de que ya han pasado cerca de treinta años desde que trabajos pioneros replantearon el debate académico sobre el salario mínimo y su impacto en el empleo, la producción científica en este campo continúa orientándose predominantemente hacia variables propias del mercado laboral. En el caso de España, investigaciones previas documentan una compensación entre la reducción de la desigualdad salarial y el incremento del desempleo como consecuencia de la reforma del salario mínimo interprofesional (SMI) adoptada en 2019. No obstante, el SMI tiene el potencial de incidir en múltiples dimensiones del bienestar individual que trascienden el ámbito estrictamente laboral. En años recientes, la atención del diseño de políticas públicas se ha desplazado hacia los posibles efectos de la regulación del SMI sobre la salud de la población. Esta tendencia se observa con el creciente cuerpo de evidencia empírica al respecto y en las recomendaciones emitidas por organismos del sector sanitario.

Teóricamente no existe una dirección clara de la relación entre las políticas de salario mínimo y la salud. Una subida del salario mínimo eleva los ingresos de los trabajadores que, en línea con el modelo de Grossman, puede llevarlos a destinar más recursos al cuidado de su salud (alimentación de mayor calidad, la práctica de actividad física u otras inversiones similares). Esto es vital para sectores vulnerables, pues facilita el acceso a servicios de salud, mejora las condiciones materiales de vida o reduce el estrés financiero. Sin embargo, pueden operar mecanismos adversos: si las empresas reaccionan reduciendo su plantilla, ampliando e intensificando las jornadas laborales o recortando beneficios extrasalariales para compensar costes, el desempleo y el deterioro del entorno laboral, esto podría anular los beneficios del incremento salarial.

La evidencia empírica sobre la relación entre el salario mínimo y la salud no ofrece un panorama concluyente. Mientras que una parte de la literatura ha documentado vínculos favorables entre el SMI y distintos indicadores de salud o bienestar, otra corriente de investigación ha encontrado efectos negativos o ausencia de efectos estadísticamente significativos.

Este trabajo contribuye al debate actual analizando el impacto sanitario de las sucesivas reformas al salario mínimo en España, tomando como base una serie de modificaciones que han elevado de manera gradual los ingresos de los trabajadores menos cualificados desde 2017 (véase Figura 1). En una primera etapa, un gobierno de centroderecha encabezado por el Partido Popular (PP) aprobó un incremento del 8%, que situó el salario mínimo en 707,7 € frente a los 655,2 € previos. Posteriormente, una alianza de fuerzas de izquierda junto al Partido Socialista (PSOE) impulsó una subida sustancial del 22%, llevando el salario mínimo a 900 euros mensuales, equivalentes a 12.600 euros anuales. Este ajuste constituyó uno de los incrementos más pronunciados registrados entre los países miembros de la OCDE y el de mayor magnitud en la historia reciente de España desde 1977 (Consejo de Ministros, 2018).

Figura 1: Evolución del salario mínimo interprofesional en España.

Nota: en negro y a la izquierda, datos anuales del SMI. En naranja, y a la derecha, datos mensuales del SMI.

Método

El análisis utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida de España (ES-SILC) para el período 2012-2023. Esta fuente se integra en el marco armonizado de las Estadísticas Europeas sobre Renta y Condiciones de Vida (EU-SILC), garantizando la comparabilidad entre los estados miembros de la Unión Europea. Los datos combinan una estructura de corte transversal con un componente longitudinal basado en el diseño de panel rotativo, donde los hogares son seguidos durante un ciclo de renovación de cuatro años.

Dado el desarrollo metodológico más reciente del análisis de Diferencias en Diferencias, propuesto por Callaway y Sant’Anna (CSDID), este enfoque resulta especialmente adecuado para el presente contexto de análisis, dado que permite recuperar efectos promedio del tratamiento diferenciados por cohorte y período temporal, es decir, el efecto medio para cada conjunto de unidades que experimentan el tratamiento en un mismo momento, contrastado exclusivamente frente a unidades que no han sido tratadas en ningún punto del tiempo o que aún no lo han sido en el período de referencia. Adicionalmente, bajo determinadas condiciones —como cuando el número de grupos o de períodos disponibles es reducido— se ha mostrado que el estimador CSDID ofrece mayor precisión en las estimaciones en comparación con la especificación estándar de Efectos Fijos de Doble vía (TWFE).

Con el fin de garantizar la comparabilidad entre los grupos tratado y de control se recurre al emparejamiento por entropía, bajo el supuesto de que las unidades de control reproducen el comportamiento contrafactual de las unidades tratadas, condicionado a un conjunto de características observables. Dentro de este esquema, el grupo tratado son individuos cuyos ingresos salariales en 2016 se situaban por debajo de 9.907,80 € al año, cifra equivalente al salario mínimo legalmente establecido para 2017. El grupo de comparación son individuos cuyos ingresos en ese mismo año se encontraban entre dicho umbral y el 140% del salario mínimo de referencia.

La variable dependiente central del análisis es el estado de salud percibido por el propio individuo («muy bueno», «bueno», «regular», «malo» y «muy malo»). La validez de esta medida está respaldada por investigaciones previas que han evidenciado su capacidad predictiva sobre indicadores objetivos de salud, entre ellos la mortalidad, el uso de servicios sanitarios y el declive en la capacidad funcional física. A efectos del análisis principal, esta variable se recodifica en formato binario, agrupando las categorías favorables (muy bueno y bueno) en una categoría y las desfavorables (malo y muy malo) en otra.

Resultados

Los resultados preliminares muestran la ausencia de efectos estadísticamente significativos previos a 2017, lo que respalda el supuesto de tendencias paralelas, validando así la estrategia de diferencias en diferencias (Figura 2). Los hallazgos indican que los incrementos del salario mínimo reducen la probabilidad de reportar un estado de salud deficiente (malo o muy malo) y elevan la de reportar un estado de salud óptimo (buen o muy bueno). Concretamente, un aumento de 1 € en el salario mínimo reduce la probabilidad de salud deficiente en 0,047 puntos porcentuales (p.p.) en la muestra completa y en 0,030 p.p. en la muestra emparejada (ambos estadísticamente significativos al 1%). En sentido contrario, dicho incremento eleva la probabilidad de una salud favorable en 0,117 p.p. y 0,085 p.p. en las muestras completas y emparejadas, respectivamente. Los efectos en las categorías de salud más críticas son modestos (p=0,10), pero esto podría atribuirse a una menor potencia estadística por el tamaño de la muestra en esos estratos. En conjunto, los resultados sugieren que las subidas del salario mínimo, al elevar el poder adquisitivo, permiten a los trabajadores aumentar su inversión en determinantes directos de la salud, como la atención médica, una alimentación equilibrada, una vivienda de mejor calidad, entre otros.

Figura 2: Salario mínimo en el sector salud a lo largo del tiempo

Nota: resultados preliminares para la muestra completa (Panel A) y la emparejada (Panel B).

Como análisis de robustez, se integraron datos de la Encuesta Europea de Salud (EESE 2014 y 2020) y de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE 2011, 2017 y 2023) para examinar los canales a través de los cuales las variaciones en el salario mínimo pueden traducirse en cambios en los resultados de salud. Este análisis considera como mecanismos potenciales el uso de servicios de atención sanitaria, el consumo de alcohol y tabaco, la prevalencia de obesidad, o la práctica de actividad física. Los resultados apuntan que incrementos en el salario mínimo reducen la probabilidad de experimentar limitaciones en actividades cotidianas como consecuencia de problemas de salud y la reducción en la incidencia de necesidades médicas no cubiertas, específicamente en las esferas odontológica, farmacológica y de salud mental. Estos hallazgos son coherentes con la noción de que los servicios sanitarios constituyen bienes normales, cuya demanda tiende a crecer a medida que aumenta el nivel de renta disponible.

Sin embargo, los incrementos salariales también se relacionan con un mayor consumo de bebidas alcohólicas, sugiriendo que la mejora en el ingreso disponible puede favorecer la expansión del ocio y la adopción de conductas de riesgo. Respecto al tabaquismo, no se observa una disminución en la proporción de fumadores, pero sí una reducción en la cantidad de cigarrillos consumidos diariamente, lo que apunta hacia una moderación en el hábito. Finalmente, niveles más elevados del SMI se vinculan con una mayor regularidad en la práctica de ejercicio físico, lo que indica que el efecto positivo derivado de una mayor capacidad económica —que se manifiesta a través de un mejor acceso a recursos, una reducción del estrés y una mejora en el equilibrio entre la vida laboral y personal— logra contrarrestar el mayor coste de oportunidad que implica dedicar tiempo a la actividad física.

Conclusiones

Los hallazgos preliminares muestran que los incrementos en el salario mínimo son un motor de salud poblacional, permitiendo mejorar las condiciones laborales, atenuar las brechas de ingresos y reducir las desigualdades sanitarias. Este trabajo pone de manifiesto la necesidad de que las políticas de SMI amplíen su foco de análisis más allá del empleo y la pobreza, incorporando dimensiones como el bienestar y la salud poblacional. Asimismo, las ganancias en productividad y la reducción en la utilización de servicios sanitarios podrían llegar a compensar los costes económicos que su implementación conlleva. La experiencia española ofrece, así, evidencia sobre la necesidad de integrar los enfoques económicos y de salud pública en el diseño y la valoración de este tipo de políticas.

Esta entrada se basa en una contribución anterior, en la que se aborda el análisis del tema, que aquí retomamos y ampliamos.